Interés público, política educativa y sociedad democrática

Abstract

Resumen

El contexto educativo[1], enmarcado en textos normativos de derecho en los Estados democráticos, para responder a las necesidades formativas y regulados  por una política pública, se enfrenta al desafío de desarrollar con sus propuestas la construcción de personalidades cívicas que hacen de su derecho a participar un ejercicio de responsabilidad, para contribuir al interés público como sujetos sociales activos con capacidad de respuesta y hacer de las crisis “pretextos”  para revitalizar la democracia.

Hacer de este derecho un texto y hecho de aprendizaje significa cultivar el ethos democrático. Ethos que significa hacer, en la relación pedagógica, una praxis dialógica que hace del ejercicio democratizador un ejercicio de participación activa en la construcción de  conocimiento, desde un pensamiento crítico, reflexivo de las acciones y propositivo para responder con corresponsabilidad en la vida social y colectiva.

En la medida que esta vida se experimenta en los espacios de la institución educativa, el educador, como actor clave en la mediación de los procesos formativos, ha de facilitar  que la experiencia de aprendizaje vital y académico desarrolle la conciencia democratizadora, al fortalecer el sentimiento de pertenencia a un colectivo en el que la participación, desde una competencia cívica, es base para una vida común de calidad.

[1] Contextos educativos, habitados por personas sujetadas a analizar crisis y conflictos,  en los que se pone a prueba la competencia cívica, y el desarrollo de procedimientos democratizadores, siendo capaces de dar respuesta a la presiones de intereses particularistas que socavan los derechos  del conjunto y demostrado la responsabilidad de velar por los interés públicos, a fin de garantizar la construcción de un espacio social como sujetos con virtudes democráticas, como reflexiona Camps  (1999). Reflexión que en la actual coyuntura de crisis estructural, en el sentido de una acción educativa como acción democrática y democratizadora, como bien social de interés público, puede desvirtuarse con prácticas formativas, como actividades mercantilistas sujetas al mercado laboral, que  vacían de este sentido el desarrollo de ejercicio profesional como praxis cívica-social, requerida para contribuir al bien común y construir el bienestar colectivo, en el respeto a los derechos humanos de todos y todas.